La idea de la reducción de congresistas y sus salarios cada vez tiene más acogida y reaparece con cierta frecuencia en el debate público. Sin embargo, mediante el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 se crearon 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes: las curules de la paz. Como todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de La Habana, la promulgación de este Acto Legislativo ocasionó intensos debates. Los opositores de la reforma constitucional no tardaron en afirmar que se trataba de darle mayor representación a las antiguas FARC-EP (hoy partido político Comunes) que no estaban conformes con las curules que ya habían obtenido. Lo cierto es que para el equipo negociador del Gobierno, la idea de otorgar curules a las víctimas era la manera de reducir el número de curules que los antiguos combatientes esperaban obtener en el legislativo y, simultáneamente, le daban mayor representación a quienes históricamente no han tenido la posibilidad de participar en la vida política nacional.
Usando el procedimiento legislativo especial para la paz conocido como “fast track”, en 2017 se dio trámite al proyecto de acto legislativo que permitiría que 16 víctimas del conflicto armado tuvieran una curul en la Cámara de Representantes por dos períodos que, en principio, coincidían con los períodos en los que los miembros del Partido Comunes ocuparían las suyas. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2017, en la sesión plenaria en la que se anunció el informe de conciliación del proyecto, la Mesa Directiva de la Cámara estableció que el proyecto no obtuvo las mayorías necesarias para ser aprobado. Allí se consideraron hundidas las “curules de las víctimas” por la manera en la que se realizó el conteo de los votos.
Como ocurre con frecuencia en Colombia, la Corte Constitucional cambió el curso de la historia con uno de sus pronunciamientos. Mediante la Sentencia SU-150 de 21 de mayo de 2021, la Corte ordenó que se entendiera aprobado el proyecto de acto legislativo buscando la protección de los derechos a la igualdad, el debido proceso y la participación política de las víctimas. Así, en los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030 habrá 16 curules temporales en la Cámara de Representantes que serán ocupadas por las víctimas de los crímenes de guerra y de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. En consecuencia, ahora corresponde a todos los ciudadanos entender qué son exactamente estas nuevas curules y por qué la incorporación de las víctimas del conflicto armado al Congreso de la República es uno de los mecanismos para garantizar sus derechos e implementar lo acordado en materia de participación política.
Cada una de las 16 curules está asignada a una circunscripción diferente. Estas circunscripciones se han constituido con varios municipios reconocidos como territorios PDET[1] de los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Córdoba y Tolima, excluyendo las cabeceras municipales y solo teniendo en cuenta las zonas rurales, apartadas y los centros poblados dispersos. Además, los candidatos a estas curules solo podrán ser inscritos por organizaciones de víctimas, campesinas u organizaciones sociales, no podrán hacer parte de ningún partido político y deberán acreditar su condición de víctimas con la certificación que expide la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Las listas contarán con voto preferente entre dos candidatos, uno de cada género, y no afecta el derecho de los ciudadanos de votar por las curules ordinarias de Representantes a la Cámara. A todo esto, se suma que las víctimas deberán haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción durante los tres años anteriores a la fecha de la elección.
Pero lo que puede resultar más llamativo es que estas curules se entiendan como una “medida transicional, de representación, reparación integral y garantía de no repetición a favor de las víctimas”, como dijo la Corte Constitucional. Esta medida, como muchas otras que se acordaron en La Habana, busca que los habitantes de las zonas más golpeadas por el conflicto armado —que además suelen coincidir con aquellos territorios con menos presencia estatal, con los índices de pobreza más altos, que se han visto más afectados por la corrupción y que históricamente han tenido menos posibilidades de participar en política— participen de manera activa y directa en los procesos de toma de decisiones en el legislativo. Adicionalmente, cabe recordar que estas personas vieron impedido el ejercicio libre de sus derechos políticos durante décadas por las acciones de los grupos armados, por lo que con esta nueva reforma constitucional tendrán la oportunidad no solo de participar de manera directa en las decisiones del Congreso, sino que podrán legislar a la par con los diez congresistas del Partido Comunes. Esto es un equilibrio en la construcción legislativa de la transición.
En algo no se equivocan los detractores de este Acto Legislativo y es que este proceso no estará exento de riesgos. Durante el debate, se afirmó que estos territorios siguen bajo el control de los grupos armados y, por tanto, estos utilizarían su poder para apropiarse de las curules. También, muchas regiones siguen dominadas por ‘casas’ políticas tradicionales que a su vez fueron víctimas. La permanencia del conflicto armado en muchos territorios del país es innegable. El Acuerdo de La Habana desarmó a la mayoría de los combatientes de las antiguas FARC-EP, pero estuvo muy lejos de garantizar la paz en Colombia y la lucha por alcanzarla debería seguir siendo una tarea prioritaria para el Estado colombiano. Pero la situación no puede convertirse en una excusa para continuar negando derechos a quienes menos garantías han tenido, ni puede ser la razón para incumplir lo acordado. Corresponde al Estado garantizar que esto no suceda y que, en las próximas dos elecciones legislativas, sean verdaderamente las víctimas las que accedan al Congreso de la República. Lograrlo será la mejor garantía de que lo que ocurrió no vuelva a repetirse. No se olvide que una de las deudas históricas del Estado colombiano es la participación igualitaria de todos los sectores sociales en la política nacional.
[1] Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial