El litigio penal está enfermo y no sólo de COVID

A pesar de que tanto a nivel estatal como privado permanentemente se levantan estadísticas sobre el desempeño de la Fiscalía General de la Nación (FGN), estas suelen ser contradictorias, sesgadas por sus objetivos, y más importante aún, carentes de un componente cualitativo relacionado con las comunicaciones extraoficiales entre la entidad y sus usuarios. En estas breves palabras pretendo reflejar algo de mi experiencia personal en el litigio penal durante la pandemia COVID-19, y las razones por las que, desde esta limitada perspectiva, considero que el sistema penal se encuentra en estado de colapso.

El litigio penal antes del comienzo del año 2020 ya venía con una serie de problemas estructurales bastante profundos. No eran pocas las voces que reclamaban el regreso al proceso penal escrito, que, aunque menos garantista, increíblemente resultaba más eficiente que el sistema oral como ha sido interpretado en nuestra patria. Los tiempos procesales que pretendían inicialmente resolver investigaciones penales en menos de dos años, rebasan la década con frecuencia y sin el más mínimo pudor por parte de las autoridades judiciales. La FGN, con sus constantes modificaciones estructurales, ha tendido a priorizar los casos que están próximos a la prescripción, dejando que las investigaciones duerman en sus anaqueles durante años.

Especial mención merecían las fiscalías dedicadas a los procesos denominados “en averiguación de responsable” que comúnmente contaban su carga laboral en las decenas de miles de investigaciones, con limitadísimo acceso a recursos investigativos serios. En estos despachos se combinaba: a. un gran volumen de procesos sin futuro alguno porque no existía ningún indicio sobre quién era el responsable del delito, y el hecho no era suficientemente relevante como para invertir recursos investigativos importantes; y b. Un número importante de procesos cuya averiguación no requería sino unas pocas actividades judiciales, y en los que la entidad del daño podía ser considerable. El destino de todos estos procesos era el mismo: el olvido y la prescripción.

Otra regla no escrita de la priorización de los procesos era aquella del olvido de los casos sin doliente. A pesar de que la acción penal es pública y de oficio, lo cierto es que los procesos que avanzan son aquellos en los que un interesado, normalmente la víctima, ejerce una presencia permanente en el despacho del fiscal, que por simple vergüenza se ve avocado a adelantar la investigación. Si la víctima ha desaparecido, o no tiene el interés de presionar la evolución del proceso, y los medios de comunicación no se inquietan por el caso, normalmente el proceso termina olvidado en los mismos anaqueles ya mencionados.

Ahora, los retos de la pandemia han exacerbado estos problemas a un nivel hasta ahora desconocido. Creo que este efecto tiene tres frentes. El primero de ellos relacionado con la vigilancia judicial que solían poder ejercer las víctimas. El segundo tiene que ver con la digitalización a marchas forzadas y sin los recursos tecnológicos suficientes. El tercero se relaciona con la deficiente gestión administrativa en la FGN, que no es consecuencia de la pandemia, pero sí coincide temporalmente con la misma.

Para hablar de los puntos que he señalado, a lo largo del primer semestre del año 2021 he compilado las respuestas recibidas de parte de la FGN en un universo limitado de casos. Las características comunes de estos procesos son: a. que se trata de casos en los que soy representante de víctimas; b. en los que he obtenido algún tipo de respuesta por parte de la FGN; c. que se encuentran en etapa de investigación preliminar; y d. en estos procesos no ha existido ningún avance significativo en la investigación en los últimos 18 meses. Cabe mencionar que durante esta etapa no hay términos distintos al de la prescripción de los delitos.

Con estas características tengo un total de cuarenta y seis procesos, la mayoría de los cuales se encuentran en la ciudad de Bogotá, pero también hay algunos ubicados en Manizales, Medellín, Santa Marta y Barranquilla.

La obtención de respuestas en estos procesos ha requerido una combinación de solicitudes directas, derechos de petición, copias a superiores jerárquicos, y múltiples acciones de tutela, todas falladas favorablemente a nuestras pretensiones. Las respuestas señalan los siguientes factores comunes:

1. Existencia de una enorme carga de procesos. Esta ha sido la respuesta en 14 de los 46 casos. El menor número citado es de 1200 procesos, pero en algunos casos se citan cifras de 2500 a 3000 procesos por despacho.

2. Existencia de una gran cantidad de órdenes pendientes a policía judicial e informes acumulados. Respuesta en 6 de los 46 casos. Las cifras citadas por los despachos giran alrededor de las 600 órdenes y los 120 informes.

3. Ausencia de asistentes de fiscal o investigadores judiciales. Respuesta en 9 de los 46 casos. En términos generales, se habla de la ausencia completa de estos funcionarios, periodos de vacaciones, comisiones para otras funciones, o designaciones recientes de estos que implican el desconocimiento del caso específico.

4. Reasignaciones de funcionarios. Respuesta en 20 de los 46 casos. Estas respuestas son una combinación de fiscales recién llegados al despacho, casos trasladados de una unidad a otra, funcionarios reasignados temporalmente a funciones electorales o relacionadas con circunstancias como el paro nacional, falta de acceso a las carpetas físicas o digitales por no haber recibido el traslado de estas y falta de permisos en el SPOA para acceder a la información.

5. Vacaciones de funcionarios. Respuesta en 5 de los 46 casos. En estas instancias los funcionarios tienen programadas vacaciones de duraciones que varían entre 15 días y 3 meses, sin contar con personal de reemplazo ni soluciones de atención al público.

6. Casos directamente relacionados con COVID-19. Respuesta en 6 de los 46 casos. En estas instancias, las demoras se alegan porque uno o varios de los funcionarios contrajeron el virus.

7. Pérdida de la información digital y física del proceso. En una de las instancias, los funcionarios señalaron que, debido a la forma de radicación de la denuncia, se había perdido toda la información sobre la misma.

8. Molestia manifiesta con la insistencia. En 12 de los 46 casos los funcionarios expresaron abiertamente su molestia con los apoderados de víctimas por la insistencia en requerir información respecto del avance de los procesos.

En virtud de lo anterior, encontramos lo siguiente: frente a un primer punto relacionado con la imposibilidad de las víctimas de vigilar directamente los procesos, los tiempos de obtención de las respuestas recién señaladas son extremos y requieren de acciones tales como la tutela para obtenerse. La ausencia de atención al público combinada con la inexistencia de contacto telefónico con funcionarios de la FGN y la ausencia de respuesta a correos electrónicos hacen que la actividad de vigilancia sea casi imposible.

En combinación con lo anterior, están las marchas forzadas en la digitalización que llevan a la pérdida de información, imposibilidad de comunicación, trabajo represado y movimientos internos en la FGN para acomodar los nuevos frentes de trabajo. Todos estos factores tienen una incidencia importante en las dilaciones de las investigaciones.

Finalmente, tenemos la deficiente gestión administrativa de la FGN. Este elemento, que creo que sigue siendo el más preponderante, es el fundamento de la excesiva carga laboral, la mala gestión de vacaciones, el deficiente manejo en la asignación de funcionarios, y la rotación permanente de procesos. Por ejemplo, en un caso cuya denuncia se instauró en diciembre del año 2020, se ha cambiado el despacho responsable en seis ocasiones. Esto son muestras de una muy deficiente gestión administrativa, desde la perspectiva de servicio.

En conclusión, la situación derivada de la pandemia es importante y ha dificultado enormemente todas las líneas de trabajo. Pero no puede volverse una excusa universal para la ineficiencia absoluta. Sí, el COVID-19 ha dificultado el trabajo de la Fiscalía, pero este manejo venía mal desde antes y ha empeorado particularmente por una gestión deficiente, por problemas estructurales de la institución y no solo por una situación de salud pública fuera de su control.